Por David Pike y Antonella Giuso
En los últimos días hemos visto por las redes sociales y los medios alternativos, varios vídeos que muestran el accionar abusivo de las fuerzas represivas para hacer cumplir el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que determina el DNU 297 para frenar la propagación del coronavirus o, más específicamente, del Covid-19. Si bien no sorprende el accionar fascista de Gendarmería, Prefectura y las Policías, preocupa que el presidente Alberto Fernández, a pesar de haber designado a una Ministra de Seguridad con una trayectoria ligada a la educación en derechos humanos para las fuerzas armadas y que desde su asunción se ocupó rápidamente de retrotraer las disposiciones de "mano dura" de su antecesora, en sus últimos discursos este exacerbando a las fuerzas represivas en su accionar para el cumplimiento estricto de la cuarentena, a la vez que promueve la desconfianza y la denuncia entre vecinos, generando, queriendo o no, el clima propicio para estas prácticas abusivas que muestran los videos mencionados.
La actual pandemia con su alto nivel de contagio colapsó el sistema de salud en numerosos países poniendo de manifiesto la fragilidad de los mismos ante estos escenarios. Por lo cual, todo indicaría que la cuarentena es necesaria y el control para su cumplimiento, también. Sin embargo, como han planteado distintos referentes de las organizaciones sociales, la cuarentena en los barrios populares con el hacinamiento habitacional y la necesidad de ganar el pan de cada día, se hace difícil de cumplir. Si bien se han bajado recursos valiosos desde el Estado, más aún teniendo en cuenta la inacción de otros gobiernos de la región, estos no alcanzan. Aquí surge el problema, que se hace ante esta situación, se esconde la realidad con represión o se generan los mecanismos de solidaridad y control para que se pueda cumplir el aislamiento lo mejor posible.
El foco se ha puesto en el despliegue de las fuerzas de "seguridad" en todo el país, con su histórica carga de abusos, sin distinción del gobierno de turno; incluso se convocó a efectivos retirados para saciar la demanda que implica semejante operativo. Sumado a esto, la legitimación de la mirada punitivista incrementa la violencia. Los medios de comunicación hegemónicos muestran constantemente casos desopilantes de personas de altos recursos que no respetan la cuarentena, a pesar de no tener ningún problema para hacerlo, incentivando el rechazo de la sociedad y el pedido de represión, que finalmente termina recayendo sobre los sectores populares que no pueden cumplir estrictamente la medida.
Ante estos hechos, la respuesta de la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, fue el pase a disponibilidad de tres gendarmes filmados cuando "verdugueaban" abusivamente a dos pibes en la Villa 1-11-14. “Nosotros tomamos conocimiento de casos y nos movimos inmediatamente”, planteó el Secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, en declaraciones al Destape. En los primeros seis días de aislamiento obligatorio, el mismo ministerio informó que “hubo 6.191 personas detenidas y 201.913 demoradas”, según cita el sexto reporte de Correpi, lo que da cuenta del estado represivo que se vive. Las declaraciones del gobernador Axel Kicillof, "esto no se resuelve persiguiendo a los que no cumplen el aislamiento", muestra que hay diferencias en el frente gobernante sobre los modos en que se debería actuar.
Los abusos represivos del presente, alertan sobre el futuro inmediato pos-cuarentena. Algunos estudios indican que la economía caerá un 5% este año, como sea, la pobreza se profundizará, la desocupación subirá y la emergencia social que arrastramos se volverá desesperante. Entonces la pregunta es qué se hará, continuaremos luego de la cuarentena con un Estado que continue exacerbando el accionar represivo para garantizar la santa gobernabilidad del sistema o se generarán los mecanismos de una verdadera solidaridad, que comprometa en recursos a los sectores privilegiados y permita a los sectores populares poder sobrellevar la crisis.
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