Las últimas novedades sobre el caso Johanna Ramallo, la cercanía con un nuevo aniversario del 3J Ni Una Menos, y el año electoral ameritan unas líneas respecto a la trata y el sistema prostituyente en Argentina. ¿Cómo opera en nuestro país uno de los tres negocios más redituables del mundo, junto a la venta de armas y drogas?, ¿qué tienen que ver la trata y la prostitución?, ¿puede no haber trata bajo un modelo capitalista y patriarcal?
Por Belén Rozas
No están perdidas
Seguro está con el novio. Se debe haber ido a lo de alguna amiga. Tiene que esperar que pase más tiempo para hacer una denuncia. Ya va a aparecer. ¿Está segurx que no tuvieron ninguna pelea?. Vaya a su casa señora, su hija ya volverá. Pero casi siempre no vuelven, y ellos lo saben.
En el país que dice haber terminado con las desapariciones forzadas desde el retorno de la “democracia”, hasta el momento hay casi treinta mil mujeres, trans, travas, niñes desaparecidas según Madres Víctimas de Trata (MVT). Hay datos del Ministerio Público Fiscal que indican que del total sólo una parte corresponde a explotación laboral, y que en su mayoría se trata de casos de explotación sexual. Para el primer grupo se observa como máximo sector de riesgo la comunidad boliviana y para el segundo, la comunidad paraguaya. El rubro que más cotiza en el mercado de explotación laboral es el textil, y los talleres clandestinos suelen estar centralizados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Sus ausencias son fotos en las redes, son afiches en las calles, son madres devastadas y amigas con miedo.
En cambio, las redes de explotación sexual se montan sobre todo el territorio nacional y el punto más grande de reclutamiento interno se encuentra en el noroeste. ¿Acaso sorprenden las características que tienen en común la mayoría de las personas secuestradas? No tienen recursos. No son el tipo de víctimas que saldrían en prime time en todos los noticieros, o que serían tapa de los diarios más vendidos. Vos no te enterás que faltan. Todos los días, une menos. Están lejos de sus hogares, pero cerca de lo que aprendieron durante toda su vida que es el sometimiento y el desamparo. No tienen dónde ir, no saben cómo salir. A veces no tienen quién las busque. Nunca tienen quién las defienda.
Sus ausencias son fotos en las redes, son afiches en las calles, son madres devastadas y amigas con miedo. Son pancarta, son manifestación, son búsqueda desesperada, son madrugadas no parando de pensar. Cada une que falta significa muchas cosas, pero sobre todo significa responsabilidad estatal.
El Estado asesinó a Johanna Ramallo
Desapareció el 26 de julio del 2017. Tenía 24 años y una hija chiquita. Trabajó en el programa Hacemos Futuro (ex Ellas Hacen), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los horarios de trabajo no le coincidían con los de la escuela de su hija y tuvo que dejarlo. Un mes y medio antes de su secuestro, se había separado del padre de su hija. Se fue a vivir con su mamá, Marta. No tenía un peso para garantizar una vida digna a ella y a su hija. Arrastraba desde hacía un tiempo un problema de consumo de sustancias y en los últimos meses se había profundizado.
Probablemente Johanna nunca había estado en una situación de tan extrema vulnerabilidad. Ante la urgencia por conseguir un ingreso, había empezado a ejercer la prostitución en una “zona roja” de la ciudad de La Plata. La última vez que la vieron fue cerca de ahí, en la estación de servicio de 1 y 63, a 10 cuadras de la gobernación. La familia y las organizaciones políticas y sociales que acompañaron denunciaron desde el primer día la complicidad de la Comisaría Novena de La Plata, por facilitar el funcionamiento de redes de trata en el lugar. Donde hay comisarías cómplices, hay responsables estatales y judiciales.
Desde el principio la justicia no fue justa. Durante los primeros dos meses la causa se mantuvo bajo la carátula “búsqueda de paradero”, la fiscalía operó bajo estos términos y la familia denunció que nunca buscaron profundizar sobre las pruebas o los datos que aportaron diferentes testigos. Recién en octubre de ese año, y gracias a un arduo trabajo de un equipo de abogadxs (posibilidad que muchas pibas que son buscadas no tienen), la carátula fue modificada a “trata de personas” y pasó a ser un delito federal. Hace pocos días atrás se anunció el final más doloroso, restos de una joven encontrados meses atrás a 30 km del centro de Berisso pertenecen a Johanna.
Durante los casi dos años de búsqueda pasaron varios responsables en lo judicial. En lo político, María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires, y Julio Garro, intendente de La Plata, jamás se comunicaron con la mamá de Johanna a pesar de sus múltiples pedidos de ayuda. Además, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dio de baja el programa ex Ellas Hacen que percibía Johanna y cancelaron la búsqueda de datos recompensada. Básicamente lo que hicieron quienes tenían la máxima responsabilidad de encontrarla fue profundizar la vulnerabilidad que ella y su familia ya sufrían.
Todo lo contrario es lo que suele comunicar sobre su gestión la gobernadora, quien públicamente aparenta ser una defensora innata de las familias desamparadas, entre otros cuentos. Muy lejos de eso, el Estado les quitó a Johanna a su mamá, a sus hermanxs y a su hija. Este mismo abandono se replica en todo el territorio nacional, sobre toda la clase trabajadora y especialmente sobre los sectores más populares. Como siempre, las más afectadas por estas políticas son las mujeres, disidencias y niñes pobres.
El círculo rojo de las zonas rojas
Hay una especie de grieta en el movimiento feminista. Ojo, no nos impide construir marcos de alianzas amplios en momentos en los que compartimos objetivos, o una misma apreciación sobre determinados temas de coyuntura nacional. Lamentablemente hace falta aclararlo, porque las lógicas patriarcales siguen operando en nuestras construcciones y hablamos más de la sororidad de lo que la practicamos. No hay un manifiesto del feminismo popular, pero sí un programa y una idea clara de a quiénes es más justo defender antes que al resto. Por supuesto que hay que estar de acuerdo en que quienes ejercen la prostitución se organicen para garantizar la máxima igualdad posible de derechos, en un ambiente en el que no hay chances de que no haya violencias de todo tipo de por medio, especialmente física y/o en el ámbito institucional. Pero no podemos analizar la cuestión de la prostitución poniendo por encima un puñado de experiencias personales sobre la realidad de las mayorías. La prostitución no empodera, no hay que confundirla con la libertad sexual. Una esquina es el lugar de mayor vulnerabilidad para una mujer o disidencia.
Todo sucede bajo nuestra aparentemente inmodificable Democracia.
La multiplicidad de violencias que son parte de la vida cotidiana de una persona que ejerce la prostitución son tan crueles que ameritan los máximos niveles de protección. Pero quienes dicen representarles ignoran estas condiciones al decir que llegar a esa situación es una elección, o un trabajo. Sí, bajo un sistema capitalista todos los trabajos a los podemos acceder quienes componemos nuestro pueblo en general van a ser precarizados, van a explotar nuestros cuerpos y vamos a cobrar bajos salarios por eso. Pero cuando se tensa más que nunca el cruce entre capitalismo y patriarcado, el resultado es un sistema prostituyente y redes de trata que generan muchísima ganancia para el poder. Y todo sucede bajo nuestras narices, instrumentado por quienes están arriba nuestro: el Estado, las fuerzas de “seguridad” y la Justicia. En simples palabras, sucede bajo nuestra aparentemente inmodificable Democracia.
Según informes de la línea 145 del Ministerio Público Fiscal, el 55% de las denuncias recibidas que expresan una posible situación de explotación sexual se orientan principalmente en señalar la existencia de prostíbulos, locales privados, bares, etc. Un 25% refieren a domicilios particulares y el 13,5% a la prostitución callejera. Además, las redes feministas están en constante actividad alertando sobre los puntos en los que se ha intentado producir un secuestro. Especialmente en los barrios populares, donde se concentran la cooptación y los traslados temporales propios de una red de trata, es donde deberíamos contar con muchísimas más herramientas para defendernos. Pero no es solamente enfrentarse a una mafia. Como tal, el nivel de connivencia con otros grupos e instituciones complica aún más la tarea.
De aquí surgen dos preguntas al menos que sería saludable que alguna vez se discutieran seriamente entre la militancia y el movimiento feminista. ¿Es correcto sostener un discurso sobre la prostitución que lejos de realizar algún tipo de análisis crítico, la fomenta y la disfraza de libertad, o peor aún, de antisistémica?. ¿Es posible erradicar esta problemática sin modificar cuestiones estructurales?
Un último argumento: se escucha seguido que la gente dice que hay que estar del lado de las mujeres que buscan a sus hijes y ser parte de sus luchas. Esto no sólo hace referencia a nuestras Madres y Abuelas del Plaza de Mayo, sino también a quienes pelean contra el gatillo fácil y las redes de trata en nuestro país. Ellas no llevan pañuelos blancos, llevan remeras con los rostros de las personas que esperan alguna vez volver a ver, en el mejor de los casos. No es coincidencia la similitud, son los viejos soportes de nuestra sociedad y el capitalismo adaptable a los tiempos en los que no hace falta sacar las botas, porque tienen los votos y seguimos desapareciendo.