En el marco del rechazo de la Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo se lanzó la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia y el Estado. La iniciativa surge debido a la fuerte injerencia que tuvo la institución religiosa durante todo el proceso de discusión y votación de la ley, impronta que quedó claramente reflejada en algunos discursos misóginos y denigrantes hacia las mujeres. El argumento principal de la Campaña radica en el reclamo porque la Iglesia deje de inmiscuirse en decisiones que involucren al pueblo.
A pesar de que desde hace algunos años la Iglesia católica está perdiendo legitimidad entre la gente, todavía cuenta con un poder incomparable a nivel mundial y con un lugar indiscutible en las decisiones políticas. Según la Constitución Nacional, el Estado argentino está obligado a sostener “el culto católico apostólico romano”, lo que significa que, aunque el Estado sea laico y garantice la libertad de culto, se le exige una responsabilidad por cuidar las necesidades de la Iglesia católica.
Las leyes que regulan el dinero para financiar a la Iglesia se decretaron durante la última dictadura militar y, actualmente, el Estado continúa destinando millones a dicha institución. El Jefe de Gabinete, Marcos Peña afirmó que en el 2018 el Estado Nacional destinará más de 130 millones de pesos a la Iglesia, lo que equivale a 46.800 pesos mensuales para cada obispo. Sin embargo esto representa sólo el 7% de sus ingresos anuales, teniendo en cuenta que recibe subsidios de la educación privada, goza de exenciones impositivas y recibe importantes aportes privados de grandes empresarios.
“Iglesia y Estado asunto separado” es la insignia de los pañuelos naranjas y refiere a terminar con esa vinculación financiera y moral que obliga al Estado a sostener económicamente a la Iglesia, lo cual, a su vez, allana el camino para su intromisión en decisiones políticas. La consigna principal de la Campaña Federal para la Separación de la Iglesia del Estado, apunta a un Estado laico, donde el ámbito público y el privado vayan por separado y donde ninguna religión interfiera en las decisiones políticas. Tras la votación en el Senado, la Campaña comenzó a difundir actividades como intervenciones, debates, apostasías colectivas, y el avance de un proyecto de ley con referentes en temas legales.
Durante estas últimas semanas la crítica hacia la institución religiosa se ha intensificado por el adoctrinamiento en los colegios y por declaraciones que reflejan una clara posición a favor de la docilidad de la mujer y la sucesiva negación de sus derechos. El rechazo al voto femenino, a la Ley de Divorcio, a la Ley de Educación Sexual Integral, a la Ley del Matrimonio Igualitario y, ahora, a la Ley del aborto, son algunos ejemplos de esto. Cabe destacar que también existen sectores católicos que apoyan la separación, porque no se apunta a la religión, a las cuestiones de fe, sino a la organización clerical que quiere adiestrar al pueblo bajo sus intereses éticos y económicos.
También hay que mencionar el papel importante que cumplieron las Iglesias evangélicas haciendo lobby y presionando contra el derecho de las personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo. Si bien la Campaña no se ocupa de este culto ni de otros como el judaico, podría también discutirse los subsidios que recibe estos sectores y su influencia en las políticas estatales
A pesar de su circunstancial triunfo en Senadores la institución del Papa está perdiendo cada vez más prestigio. Los escándalos financieros y los encubrimientos de curas acusados por el abuso de miles de niños, niñas y adolescentes no pasarán inadvertidos, ni serán ocultados ni “perdonados” bajo un discurso pacifista en nombre de dios. El objetivo está puesto en hacer visible el rechazo que existe hacia el vínculo hasta ahora intocable, entre la Iglesia y el Estado Nacional.
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