¿Qué hay detrás de estas opciones?
Perdido en su laberinto, el macrismo va tomando conciencia de la imposibilidad de modificar la opinión soberana del pueblo. Ya se han convencido de que su administración termina – en su mejor perspectiva – el 10 de diciembre y sin posibilidades de extender ese mandato por otro período. Quieren aprovechar estos 95 días – o los que les queden – para tratar de preservar para ellos, sus amigos y el poder que representan, los privilegios conquistados y ordenar sus “papeles” frente a las demandas judiciales a las que seguramente deberán responder.
Desde el campo popular y ante esta perspectiva, se pueden reconocer dos polos que tensionan la realidad actual con miras a un nuevo gobierno.
Uno de ellos reivindica el cumplimiento de los actuales plazos institucionales como algo insoslayable y como una forma de contribuir a la “gobernabilidad”. Desde ese punto de vista, cumplir esos plazos constituye una ratificación de la vigencia de la actual democracia, en medio de la cual se han desenvuelto todos los gobiernos desde la asunción de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983.
Por el otro lado están quienes colocan en el centro del debate los daños (a las personas y al país) que esta continuidad está provocando, esa idea se complementa con el hecho de que la soberanía del pueblo ya dio una opinión en las PASO que no deja lugar a dudas, aunque fuera convocada para cuestiones diferentes al cambio de gobierno.
Ambas perspectivas, cuestiones formales como el actual sistema institucional o la soberanía popular que es el sustento básico de una democracia real, forman parte de la realidad convulsa de esta argentina actual.
Los últimos 36 años, de plena vigencia de las instituciones formales de esta democracia, han demostrado que estamos muy lejos de aquella afirmación del Presidente Raúl Alfonsín cuando asumiera y asegurara que “con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. Las notorias deficiencias en el cumplimiento de esos objetivos, vuelven a estar en el escenario político en estos días. Las variadas e imponentes movilizaciones con el justo reclamo por una emergencia alimentaria son la prueba más dolorosa y fehaciente. Razones semejantes a lo que ocurriera en los meses finales de su mandato en 1989 se repitieron en los dramáticos acontecimientos de diciembre del 2001, con aquellos 5 presidentes en 10 días. Lo que hoy estamos transitando es una especie de tercera manifestación de las crisis recurrentes de esta democracia.
Para quienes creemos en la necesidad de producir modificaciones profundas las respuestas al problema de hoy, bajo estas condiciones y correlación de fuerzas, consiste en una apropiada combinación de ambos factores para que esta crisis permita mejorar la situación y el poder de los sectores populares.
Quienes apuestan a la mentada gobernabilidad, que no es otra cosa que la continuidad o reproducción del actual sistema, la cuestión central pasa por el respeto a esas formas. Piensan – contra la evidencia de estas últimas décadas – que las soluciones vendrán del libre juego de estas instituciones, pareciera que con respetarlas tendremos asegurada la solución a las cuestiones planteadas. Los intereses que representan y el respeto sacrosanto a modelos copiados hace un siglo y medio atrás (sí, un siglo y medio atrás) les impide tener una visión más comprensiva de la realidad actual. Hubo un proceso diferenciador solo en un corto período de todo ese tiempo, fue durante la breve – en términos históricos – vigencia de la Constitución de 1949 y las políticas fundamentales del primer gobierno peronista.
Hoy vemos cómo exponentes de una mirada – que es la que realmente atrasa históricamente – se rasgan las vestiduras cuando, desde la militancia popular, se plantean cuestiones legítimas como la Reforma Agraria, recientemente propuesta por Juan Grabois. Aunque no es fácil que ella tenga andamiento en medio de la vigencia de estas instituciones parlamentarias y las actuales estructuras judiciales. De todos modos dicha propuesta es muy importante porque promueve un debate – oculto o ignorado -que coloca el eje en la otra mirada, la que está puesta en el pueblo y sus intereses. Este planteo, asimismo, contribuye a crear las condiciones para construir el poder de la voluntad soberana del pueblo, el cual – en algún momento – deberá decidir al respecto. Al mismo tiempo crea las condiciones para la aparición de un nuevo sujeto social capaz de explotar a esos millones de hectáreas con objetivos distintos a los de la tradicional oligarquía y/o sus expresiones tecnocráticas actuales.
En el mismo sentido se inscribe la acción frente al Banco Central de un puñado de militantes (del MNER y la OLP), encadenándose por algunas horas para que el país no quede encadenado para siempre. Muestra la necesidad que la lucha reivindicativa dé los pasos necesarios para colocar en el escenario los problemas reales que nos han llevado a esta situación.
La otra mirada tiene como guía los intereses del pueblo y – fundamentalmente – la soberanía popular. Esta es la visión que debería tener primacía en la construcción de las decisiones fundamentales. Pero ella está obturada por un sistema político económico e institucional construido para otros objetivos.
En los momentos de mayor normalidad institucional, cuando la “gobernabilidad” funciona e impone sus condiciones, la soberanía y los intereses populares están mediados por una estructura institucional que termina por diluirlos. En esas circunstancias tal “gobernabilidad” es funcional a la continuidad del imperio de los valores y las conveniencias de los beneficiarios del poder. Bajo esas condiciones, las contradicciones secundarias entre esos diversos y privilegiados protagonistas ocupa el lugar central del debate.
Distinta es la situación cuando las contradicciones señaladas y/o la resistencia del pueblo crecen en organización y su lucha arranca concesiones al sistema o lo pone en crisis. En esas situaciones detonantes coyunturales, de las más diversas naturalezas, permiten que las reivindicaciones populares presionen con mayor fuerza y vayan tomando cuerpo manifestaciones de soberanía popular.
Una situación de este tipo se está viviendo en los momentos actuales. Son las mejores circunstancias para demandar que Mauricio Macri, el administrador de turno, abandone ya sus funciones. No hace falta abundar en la existencia de diversas formas, dentro del propio sistema institucional vigente, para que – a partir de su renuncia – la administración del Estado pueda pasar a las manos de quienes fueron legitimados por el reciente voto aluvional.
Lo contrario es sostener una situación que, basada en cuestiones de formalidad institucional, daña al pueblo y no respeta la soberanía popular manifestada recientemente con motivo de unas elecciones que permitieron expresar la voluntad de revocar el mandato que legitimaba a la actual administración, cuando ni siquiera habían sido convocados al efecto. El hecho de que los resultados de dicha elección estuvieron lejos de todas las previsiones de encuestadoras y protagonistas, es la manifestación de algo notorio: El pueblo eligió ese atajo, como siempre suele hacerlo en circunstancias parecidas, para expresar su voluntad soberana, la que habitualmente el propio sistema suele negarle.
Con el tiempo se sabrá la cantidad y calidad de los daños producidos – al pueblo y la Nación – por esta continuidad, fundada en sostener una “gobernabilidad” que produce cotidianos perjuicios y de la que deberán hacerse responsables.
En momentos como estos el pueblo recupera parte de su soberanía escamoteada, expresándose con cierta autonomía respecto al sistema impuesto. En tales circunstancias es responsabilidad de la dirigencia popular no dejarse llevar por las ideas de “gobernabilidad” que le soplan al oído los voceros y representantes del sistema de poder.
Respetar ese relativo poder para expresar la soberanía popular, en medio de la vigencia de un sistema caduco, es una forma de contribuir a la construcción de un poder distinto y efectivo, con efectos directos sobre la vida cotidiana de las personas y los intereses de la Nación.
Para terminar, digamos que algo semejante está ocurriendo con una cuestión vital para los tiempos futuros y que está en la cresta de la ola de los temas actuales. Se trata de la situación del sector financiero y los vencimientos de presuntas deudas que atan nuestro porvenir a los intereses del mundo financiero internacional.
En ese sentido, en estos días se ha publicado un enjundioso trabajo del jurista Eduardo Barcesat en el que fundamenta, larga y concienzudamente, los mecanismos legales paras “recuperar el dinero fugado” (que equivales a más del 80% del que nos ha prestado el propio FMI). Según Barcesat ello es posible ejercitando “el control de validez de la deuda argentina” y la “razonabilidad” de tal acto de endeudamiento.
No es este el medio, ni la oportunidad para ampliar tales consideraciones que, por otra parte, merecen ser leídas. Pero vale la pena señalar las principales opciones para entrar a resolver el tema de la deuda.
Un camino es transitar ese problema es con la mirada puesta en las instituciones y organismos legalmente contemplados para hacerlo y allí exponer nuestros derechos.
Sin negar ese rumbo hay otros sentidos que merecen ser explorados. Los ejes de todos ellos deberían ser la recuperación de nuestra soberanía nacional y el resguardo a nuestro derecho a existir y desarrollarnos de un modo autónomo, de lo contrario seguiremos aceptando el rol de colonia que los países dominantes nos vienen imponiendo.
En los avances en esa dirección, tenemos de nuestro lado la teoría jurídica y la práctica histórica de lo que se conoce como “deuda odiosa” (también conocida como “deuda execrable”, “deuda ilegítima” o “deuda injusta”) que no obliga a los Estados y sus pueblos, sino a los personalmente firmantes. Ella se asienta sobre dos condiciones imprescindibles y ampliamente confirmadas en el caso que nos ocupa: Ausencia de beneficios para la población y complicidad de los acreedores. Para no abundar sobre la histórica aplicación de esta teoría solamente mencionaremos unos pocos casos. Comenzaremos citando el repudio a las deudas reclamadas por España a Perú, en 1821, cuando el General José de San Martín era el “Protector de la Libertad de Perú”. Tampoco podemos dejar de señalar los repudios de deudas en Estados Unidos, en 1830,1861 y 1870; las de México en 1861, 1867, 1883 y 1910; el repudio a las deuda zarista por parte de los bolcheviques en 1918; la anulación de la mayoría de las deudas de Brasil y de México en 1942-1943 y el 80 % de la deuda de Iraq en 2004; el repudio paraguayo a las deudas reclamadas por bancos suizos en 2005; sin olvidar la anulación, en 2009, de una parte de la deuda ecuatoriana que había sido identificada como ilegítima por la Comisión de Auditoría, en 2007-2008.
Esta breve y parcial enunciación prueba que los antecedentes no faltan, tampoco debe faltar la decisión política de hacerlo. De lo contrario seguiremos vegetando como un país cada vez más debilitado y una sociedad en descomposición. Las amplias superficies de su territorio prácticamente vacías son una convocatoria a las potencias necesitadas de espacios que mejoren sus perspectivas geopolíticas.
La “fiesta” de las “fugas” realizadas en estos años, que han quedado indebidamente registradas en los “libros” de los sectores financieros como deudas a cargo de nuestro pueblo, son una buena base para que, quienes se denominan acreedores, “recuperen” lo que tienen anotado en sus nulos registros y que nuestros pueblos no deben aceptar.
Con algunas de estas ideas debemos prepararnos para enfrentar los pasos futuros en medio de esta crisis. Ella es una oportunidad para que los sectores populares arranquen, al actual Estado y sus mandamases extranjeros, toda la soberanía posible para ir adecuando las estructuras e instituciones de la organización popular y poder del pueblo que emerja de esta crisis. Ello permitirá dar la pelea para que el gobierno futuro no tenga por objetivo excluyente – como ocurriera en el 2002/2003 – la “normalización” del viejo sistema, sino que del seno de esta crisis broten las posibilidades de una economía social no capitalista y una organización política construida desde abajo, que apoyada en los sujetos sociales de estos tiempos, apunten hacia la construcción de un nuevo tipo poder y organización político institucional.
¡No dejemos pasar esta oportunidad!