El pasado jueves, en el segundo Consejo Federal de Salud (CoFeSa), el ministro de Salud de Santa Fe, Carlos Parola, le propuso al gobierno nacional proveer a todo el país de misoprostol, en el marco del Plan Remediar. Santa Fe es una de las provincias que garantiza el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) con uso de misoprostrol.
Desde comienzos del 2018, el fármaco es producido en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) Sociedad del Estado de Santa Fe y en septiembre del 2019 comenzó a ser distribuido de manera gratuita en centros de salud y hospitales de la provincia.
Según OMS, el misoprostol es un medicamento esencial para lograr un aborto seguro y ambulatorio y es considerado uno de los métodos más seguros para estos casos.
En Argentina, el protocolo ILE obliga al Estado nacional y a los provinciales y municipales a garantizar el acceso a abortos seguros en tanto entren en las causales previstas por la ley, con los mejores métodos. El misoprostol es uno de ellos, pero, aun así, muchas provincias no cuentan con acceso a la salud pública y ni siquiera adhirieron al protocolo ILE.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el misoprostol es un medicamento esencial para lograr un aborto seguro y ambulatorio y es considerado uno de los métodos más seguros para estos casos. Desde que recetan misoprostol, Santa Fe es una de las provincias con menor tasa de mortalidad por abortos y han disminuido considerablemente las complicaciones en estas prácticas. Que el fármaco sea distribuido por todas las provincias y pueda llegar de manera gratuita a hospitales y centros de salud, implicaría un gran avance en materia de salud pública, pero para esto habrá que esperar la habilitación del ANMAT o que le Ministerio de Salud autorice a Santa Fe venderle el producto a Nación o a otras provincias.
Facilitar el acceso de misoprostol en todo el país es un paso más en la ampliación de derechos para las personas gestantes. Desde el debate por el aborto en el Congreso en el 2019, la militancia feminista logró cierta despenalización social de quienes deciden ese camino, sin embargo son indispensables las políticas públicas y el compromiso del Estado para garantizar que no haya una muerte más por aborto clandestino.
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