El 6 de julio la Fiscalía de La Paz imputó y pidió la detención del presidente destituido, por los cargos de terrorismo y su financiamiento. La acusación se sustenta bajo un audio alterado, el cual aseguran es la voz de Morales coordinando junto a un dirigente cocalero el bloqueo de alimentos a las principales ciudades del país a fines del año 2019.
Ante esta nueva acusación su abogado, Raúl Zaffaroni, respondió en una entrevista con AM 750, que desde el gobierno de facto “quieren postergar las elecciones con el MAS proscripto, porque el partido de Evo lidera las encuestas”. Además confirmó que no hay peligro de que Bolivia pida la extradición de Morales porque, en última instancia, la acusación es un hecho político.
No es la primera imputación realizada al mandatario tras el golpe de estado que lo obligó a dejar su cargo, luego de recibir las amenazas de levantamiento por parte de las fuerzas armadas y la policía, que culminó con la autoproclamación en el gobierno de Jeanine Añez. Esta nueva maniobra deja al descubierto el empecinamiento de la derecha por detener y extirpar los avances del pueblo boliviano en pos de continuar la política de saqueo y control estadounidense.