Hace unos días, en las redes sociales, se volvió a abrir el debate sobre si la prostitución puede ser considerada como trabajo o no, y posturas muy contrapuestas se pusieron en tensión. Esta vez el desencadenante no provino de la promoción de una canción pop, sino de una medida del propio Estado.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social inauguraron el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) -el cual se enmarca en la Ley de Emergencia Social que las organizaciones sociales conquistaron durante el macrismo-, cuyo objetivo es llevar un registro de aquellas personas que trabajan en ese sector y funcionar como herramienta para posibilitarles el acceso a programas de empleo, seguridad social y capacitación. Lo que encendió el debate fue que en el formulario se reconocía e incluía la categoría “trabajadorx sexual” como opción. A partir de esta medida distintas organizaciones repudiaron la misma alegando que el deber del Estado es reconocer los derechos de las personas en situación de prostitución con políticas integrales y no la promoción de ésta como trabajo. Pocas horas más tarde, fue eliminada la categoría en cuestión. Sin embargo, un dato llamativo es que, durante el poco tiempo que estuvo disponible, llegó a haber 800 inscriptxs.
Ante la polémica, cientos de referentes y personalidades destacadas del feminismo expusieron sus opiniones. Desde la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH), que lucha por los derechos de las mujeres en situación de prostitución y/o explotación sexual, expresaron “Si el Estado quiere censar o conocer nuestras necesidades, no nos dejen afuera a las desocupadas en situación de prostitución y a las sobrevivientes. No queremos llamarnos trabajadoras sexuales para acceder a políticas públicas. #LaProstituciónNoEsTrabajoEsViolencia, lo sabemos porque lo vivimos”.
Por otro lado, una de las voces de quienes sostienen que la prostitución es un trabajo es Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), quien señaló “el trabajo sexual NO es un delito aun así la clandestinidad del mismo y el no reconocimiento del estado nos imposibilitan acceder a derechos laborales o sociales”. Y, con respecto a la eliminación de la categoría manifestó “podíamos decir que hoy la sociedad fue un poco más justa para las últimas de la fila, pero nos despertamos viendo cómo celebran habernos negado esa posibilidad. Mientras tanto no le han salvado la vida a nadie. Seguimos en la clandestinidad”.
Según informaron desde el Ministerio, decidieron armar “una mesa de trabajo a la que convocaremos a representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Trabajo y de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y a organizaciones sociales y diversos colectivos para analizar las distintas perspectivas”.
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