Pasó en Santiago Del Estero
María, una niña de tan sólo 12 años, lleva un embarazo forzado producto de una violación y, aunque la ley la ampara para realizarse un aborto legal y seguro, las autoridades provinciales se lo negaron.
María vive en un barrio humilde a las afueras de la ciudad de La Banda con su mamá, la pareja de su madre, y sus dos hermanitos. Ella es cartonera, igual que su madre, y su casa es una habitación muy pequeña, donde viven en condiciones totalmente precarias sin ningún tipo de necesidad básica satisfecha.
Le negaron completamente la posibilidad de informarse y elegir sobre su cuerpo y su embarazo cuando todavía estaba a tiempo de interrumpirlo.
El 6 de abril, María se realizó una ecografía que dio una edad gestacional de 20 semanas. Sin embargo, en la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) Nº3 de Villa Griselda, La Banda, a donde acudió María junto con su mamá, no le brindaron la información necesaria y obligatoria en estos casos conforme a su autonomía progresiva contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 5) y el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 26). Es decir, le negaron completamente la posibilidad de informarse y elegir sobre su cuerpo y su embarazo cuando todavía estaba a tiempo de interrumpirlo.
La médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, demoró 18 días en dar aviso a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el caso de María. El informe llegó al Ministerio de Salud provincial el 28 de abril (22 días después de confirmado el embarazo) y, además, mentía con respecto a la edad gestacional, ya que informaba que estaba en la semana 26, agregándole 6 semanas. De esta manera, según el falso informe, el embarazo de la niña entraba en un período en el que se dificultaba la interrupción del embarazo. Si bien días más tardes, el 7 de mayo, fue derivada a un hospital de mayor complejidad donde se constató que llevaba una gestación de 24 semanas y que pudo haberse implementado la ILE, el sistema de salud volvió a dejar sin respuestas a María.
María, con 12 años y habiendo sido víctima de violación, tenía todo el derecho y el respaldo de la ley para practicarse un aborto legal y seguro. Sin embargo, volvió a repetirse la historia y volvió a quedar demostrado cómo el estado provincial y la justicia se las rebuscan para negarle derechos a las mujeres y niñas, yendo en contra de la ley y atentando contra su salud física y mental. Debido a la decisión, indiferencia y abandono del gobernador santiagueño Gerardo Zamora, de la justicia provincial y de las autoridades sanitarias, María es una víctima más, cuya niñez ha sido brutalmente destrozada.