Por denuncias del Gobierno de la Ciudad por las tomas de colegios.
Por David Pike
En un claro mensaje persecutorio, coincidiendo con el inicio de clases, madres y padres de estudiantes, que el año pasado tomaron sus colegios a favor de la legalización del aborto, fueron imputados por la responsabilidad que tendrían al no haberlo evitado. El Gobierno de la Ciudad, con el favor de la justicia porteña, tras lograr que se le permita aplicar el Protocolo Antitomas, avanza un paso más realizando esta denuncia y, en un caso sin precedentes, logra que un fiscal, por primera vez, impute a madres y padres por las acciones de sus hijos e hijas. De esta manera, intentan frenar la lucha estudiantil.
Las denuncias fueron presentadas por la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, que responde al poder ejecutivo, y fueron tomadas por la Fiscalía 31 que responde al fiscal Carlos Rolero Santurian. La imputación sería en principio una contravención por "impedir el ingreso o la salida a un lugar público o privado", siguiendo el artículo 57 del Código Contravencional de la ciudad y podría representar una multa que arranca en 2 mil pesos o uno o dos días de trabajo comunitario. La idea del gobierno porteño es crear un antecedente para accionar frente a nuevas tomas.
Lo inédito es la responsabilidad de los adultos por sobre las acciones de los menores, que no es otra cosa de la búsqueda de darle continuidad judicial al Protocolo Antitomas del Gobierno. Este establece que cuando las y los estudiantes toman un colegio, las autoridades del mismo deben llamar a sus padres para que los retiren y si no lo hacen serán responsables por los daños y perjuicios que las acciones de sus hijos e hijos puedan causar.
Los sumarios existentes, según pudo confirmar Revista Resistencias por información brindada desde la Fiscalía 31 a la Defensoría Adjunta, en principio serían 4. El primero contra padres y madres del Colegio Mariano Moreno, el segundo de la Escuela Artística Rogelio Yrurtia, el tercero del Colegio Normal 6 y el cuarto del Colegio Normal 1. Las y los imputados declararán la semana que viene. Según los medios hegemónicos, el total de padres y madres imputados sería 43.
En el contexto de un año electoral y con el antecedente de la derrota sufrida al intentar cerrar catorce escuelas nocturnas, el gobierno porteño de Larreta busca condicionar la lucha de las y los estudiantes por intermedio de sus padres y madres. Al clima político, hay que agregarle el endurecimiento de la política represiva del gobierno de la mano de la llegada de Santilli al Ministerio de Seguridad, tras la operación de zona liberada de la Superfinal que derivó en la renuncia del Ministro Ocampo, fuertemente cuestionado por Patricia Bullrich y los medios hegemónicos, por no reprimir abiertamente. La posibilidad de judicializar una medida de lucha histórica, como son las tomas, representa un gran peligro para el desarrollo democrático de las comunidades educativas que defienden la educación pública.
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