El gobierno derogó los protocolos que permiten a las fuerzas de seguridad el uso de armas de fuego y de pistolas Taser, revocó el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores de Trenes. A través de la resolución 1231 presentada hoy en el Boletín Oficial, se puso fin a las medidas antipopulares impulsadas por la ex ministra Patricia Bullrich.
El artículo 1 de la resolución plantea que autorizar el uso de armas de fuego en situaciones donde no haya “peligro inminente” atenta contra los principios de racionalidad y proporcionalidad de la fuerza que rigen el accionar policial y, además, se atenta contra la vida de las personas involucradas y de tercerxs. Por otro lado, se expresa que el uso irracional de la fuerza aumenta la violencia y la agresividad en las situaciones delictivas e incita al uso de armas por parte de quienes hayan cometido el delito.
Con respecto a las Taser, se exige la elaboración de un protocolo que regule el uso y las condiciones bajo las cuales los efectivos policiales pueden utilizarlas. Dentro de esta regulación se prevé la capacitación de lxs agentes para controlar, entre otras cosas, la distancia a la que pueden usarse, los lugares del cuerpo en donde se puede apuntar, la duración de las descargas, la población sobre la cual está prohibido usarlas, el procedimiento ante una posible descompensación y los controles médicos posteriores a fin de no ocasionar problemas de salud. Sin embargo, es importante aclarar que este tipo de armas son consideradas, según organismos internacionales, como elementos de tortura, objetivo que sigue vigente aún con esta reforma.
Por otro lado, la norma también deroga el Servicio Cívico Voluntario cuya creación estaba destinada a jóvenes entre 16 y 20 años con el objetivo de generar un ámbito de cohesión e integración. Con respecto a esto se indica que “las finalidades y funciones asignadas a la Gendarmería no guardan correlación -y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática- con los objetivos y fundamentos del Servicio Cívico Voluntario, de tal modo que las tareas encomendadas a esa fuerza son completamente ajenas a las competencias asignadas al Ministerio de Seguridad”.
Por último, este año la ex ministra Bullrich lanzó el programa Ofensores de Trenes, a través del cual habilitaba a las fuerzas de seguridad a solicitar el DNI a cualquier usuario de dicho medio de transporte, promoviendo una clara política de discriminación ya que los criterios de detención estaban en manos de lxs agentes policiales. En torno a esto, la nueva resolución dispone que este tipo de medidas “criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados”.
Comments