Por Antonella Giusso . Este mediodía la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano realizó una conferencia de prensa donde leyeron la declaración preliminar tras conocer y encargarse de registrar en primera persona los crímenes de lesa humanidad que perpetúa la dictadura racista de Jeanine Añez, Carlos Mesa y Fernando Camacho, en el país hermano.
“En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. La Delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles.” explicó Vicky Freire, Coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas.
Respecto a la violación a los derechos humanos elaboraron un punteo de lo que lograron constatar, entre estos se encuentra las masacres perpetradas en Sacaba y Senkata, la desaparición forzada de personas, torturas, violaciones y delitos sexuales, la persecución selectiva a dirigentes políticos, sociales y funcionarios con la elaboración de “listas negras”, restricción manifiesta a la libertad de prensa, promoción del racismo y discursos de odio, inacción y encubrimiento del poder judicial, hostigamiento a brigadas internacionales de derechos humanos y operaciones de espionaje ilegal.
Así lo describieron en la lectura del documento donde expresaron que a partir de consumar el golpe con la renuncia condicionada del Presidente Evo Morales Ayma, por las fuerzas armadas “el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular la perteneciente a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrarse una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este contexto, se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad.”
Para finalizar describieron la difícil situación en la cual se desarrollarían las elecciones, ”frente a esta situación, la apertura de un proceso electoral en los próximos ciento veinte días, que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el estado de derecho en el Estado Plurinacional de Bolivia, solo será posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados. En particular, hemos recibido denuncias sobre persecuciones a militantes políticos, sociales y sindicales quienes refieren hostigamientos y la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunión y toda actividad necesaria para la participación en dicho proceso. Para ello será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral.
La Delegación redactará y dará a conocer, en los próximos días, un informe completo detallando cada uno de los casos relevados. Pablo Pimentel, de APDH La Matanza aseguró tras la lectura “Lo que podemos decir quienes estuvimos ahí es que los ciudadanos de Bolivia, sobre todo los pertenecientes a pueblos originarios, tienen mucho miedo, están tratando de preservar su vida. Lo que nos decían muchos es “por favor no nos dejen y vuelvan”, nos queda ahora una tarea de devolución sobre todo esto.”
Además los integrantes de esta delegación caracterizaron los hechos en Bolivia como Terrorismo de Estado, entendiendo que se infunde el miedo en la población con represalias desde todas las instituciones del Estado “Hay elementos de terrorismo de estado, tiene que ver con las represalias que hubo a trabajadores de la salud que salieron a denunciar, pedir ayuda y fueron despedidos de sus trabajos (…) Todo el aparato institucional que les niega representación jurídica, enfrenta causas armadas y también les niega el sistema de salud, esto es una característica propia del terrorismo de estado que mete miedo” ejemplifico Roberto Carlés.
La frase “por favor no nos dejen y vuelvan” que trascendió en la iglesia de El Alto donde se registraron las denuncias, denota la necesidad y urgencia de entablar lazos solidarios entre los pueblos para hacer frente a la derecha. La delegación anunció que dentro de quince días se pondrá a disposición el informe completo y no descartaron un viaje pero esta vez con mayor apoyo.
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