Por Mariana Di Mauro
Una jueza de autorizó una adopción pre-natal de un bebé producto de una violación. Se trata del caso de una niña de 18 años que llegó al Juzgado de Paso de los Libres pidiendo un aborto tras haber sido violada por su padrastro, quién había abusado de ella en múltiples ocasiones. Como consecuencia de esos abusos sistemáticos, la jóven ya había sido madre de una bebé, y su testimonio fue claro y contundente “No quiero tener de nuevo otro bebé a la fuerza, producto de una violación”, expresó.
A pesar de que la niña tenía el derecho a interrumpir su embarazo por haber sufrido una violación, lxs medicxs del Hospital San José de Paso de los Libres le dijeron que era peligroso porque estaba de 23 semanas. A partir de esto, la jueza Marta Rut Legarreta firmó un fallo en el que le otorgaba el bebé, aún no nacido, a una familia inscripta en el Registro Único de Aspirantes de la provincia. La jueza se justificó aduciendo que la niña había “cambiado de opinión” ante la advertencia de lxs médicxs y había aceptado dar el bebé en adopción.
Varias cuestiones entran en juego en este caso. En primer lugar, existen métodos seguros para interrumpir un embarazo de ese tiempo, pero, es probable que, al ser Corrientes una de las provincias que no adhirió al Protocolo ILE y al haberse declarado “territorio pro-vida” en el 2011 mediante un decreto del entonces gobernador Ricardo Colombi, lxs profesionales de la salud tengan miedo de que les inicien un proceso legal.
Por otro lado, la adopción pre-natal no es legal en Argentina, es decir, no está contemplada en el ordenamiento legal. Dicha medida no hace más que sentar un precedente que valida la idea de que un feto es una persona y, por ende, tiene el derecho a ser adoptada. De esta manera, se incentiva la imagen de mujeres como meras incubadoras de bebés, sin ni siquiera reparar en situaciones de abuso y violación.
Por último, cabe preguntarse, ¿qué hicieron, dónde estaban las instituciones tales como la escuela, el hospital donde dio a luz a su primera hija y el propio Estado ante el infierno que estaba viviendo esa chica desde hace 4 años? A esto hay que sumarle que en el momento que decide hablar y denunciar, buscando una salida desesperada ante el nuevo embarazo, le niegan su derecho y la someten a volver a dar a luz y a dar en adopción al bebé. Aún así, queda una cuestión más: no hay que olvidarse que el victimario, el violador, es su padrastro. Sin embargo, nadie parece reparar en la gravedad de la situación familiar que esa adolescente atraviesa.
Corrientes es una de las provincias con mayor tasa de embarazos no deseados, llegando a un 70%. Aún con esa realidad, sus políticxs deciden seguir haciendo oídos sordos a esta problemática dejando desamparadas a miles de niñas y mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad. La desprotección, la inseguridad y la desolación es total, y el Estado es responsable.