La empresa cerró sus puertas en 2014 dejando a más de cien familias en la calle, sus trabajadores la reactivaron y convirtieron en cooperativa. Hoy frente a un fallo negativo, la justicia dispuso el desalojo para tasar los bienes que quiere rematar.
En 2018 el juez a cargo de la causa, Sergio Cosentino, ordenó la venta de los bienes para pagar las deudas de los antiguos dueños, poniendo en riesgo nuevamente la fuente de trabajo, por lo que desde la cooperativa además de negar la entrada del martillero público enviado por el juzgado, se encargaron de presentar un proyecto de expropiación que logró establecer una mesa de diálogo dónde participaban tanto con empresa, acreedores y juzgado.
Luego de dos años y en plena emergencia sanitaria, Cosentino autorizó el ingreso del martillero con acompañamiento policial y en caso de que no se permita lo último proceder mediante allanamiento y desalojo. Los trabajadores se encuentran en estado de alerta y denuncian la maniobra.
En diálogo con Tiempo Argentino, Bernardo Retamales, secretario de la cooperativa, aseguró, “el allanamiento va a llevar a una represión y a un intento de desalojo porque no vamos a dejar entrar al martillero”. Por otro lado, explicó, "queremos primero frenar el remate y después ir por la nulidad del juicio. En asamblea definimos que, si no se conforma la mesa de negociación, iremos de nuevo a una campaña en favor de la expropiación”. Es que, opinó, “las fábricas recuperadas demuestran que son una salida porque podemos garantizar la continuidad de la fábrica y los puestos de trabajo y, si lográramos la expropiación, hasta podríamos incorporar más trabajadores”.
@neuquenceramica
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